La Xunta apuesta por los polígonos agrarios para aumentar la superficie de viñedos en beneficio de las denominaciones de origen e indicación geográficas protegidas vitícolas de la comunidad

La directora general de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, Inés Santé, participó hoy en la jornada A Primavera de Futuro Viñador, con el relatorio “A Ley de recuperación de la tierra agraria: instrumentos de movilización y de recuperación en las comarcas vitivinícolas de Galicia”. Allí, apostó por los polígonos agrarios para aumentar la superficie de viñedo en beneficio de nuestras denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas vitícolas.
Así, Inés Santé destacó que las propias denominaciones delimitaron hasta 4.383 hectáreas de superficie para la posible implantación de polígonos de vid, añadiendo que actualmente este tipo de cultivos están caracterizados por el minifundismo, lo que disminuye su rentabilidad. En esa línea, recordó que ya están en vías de desarrollo tres iniciativas de movilización de tierras de unas 200 hectáreas en los ayuntamientos ourensanos de Leiro, Castrelo de Miño y A Arnoia -para abastecer a DOP Ribeiro- y otra en la localidad pontevedresa de Crecente de 44 ha para dar servicio a la DOP Rías Baixas. Para seguir en ese camino, la directora general abogó por dar continuidad a iniciativas como estas con el objetivo de aumentar aun más la producción de vinos de calidad en Galicia.
A mayores de los polígonos agroforestales -que buscan movilizar grandes superficies-, la directora general se refirió a mecanismos como las aldeas modelo, que persiguen recuperar de manera sostenible tierra abandonada alrededor de los núcleos de población. Asimismo, aludió a las agrupaciones (agroganaderas y forestales) de gestión conjunta, para la reorganización de la propiedad de los terrenos y el aprovechamiento de manera conjunta durante su vigencia del acuerdo entre propietarios.

Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia

La directora general de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural enmarcó estos instrumentos en la finalidad global de la Ley de recuperación de poner a producir las tierras abandonadas e infrautilizadas, aportándoles base territorial suficiente a aquellas explotaciones existentes que la precisan. Todo esto hará posible -dijo- anticiparse a los fuegos forestales, trabajar por la recuperación demográfica y por el asentamiento en el rural y mejorar la calidad de vida de la población.
La norma se basa -destacó Inés Santé- en la garantía plena en los procedimientos, en la seguridad jurídica en las relaciones entre los diferentes agentes que actúan sobre el territorio y en la voluntariedad en su participación dentro de los diferentes mecanismos de movilidad. De este modo -recalcó- el propietario de las tierras recibirá un beneficio económico por su gestión, mientras aquellas personas que las quieran trabajar contarán con la superficie suficiente para una actividad económica rentable, siempre manteniendo la titularidad de los predios.
La directora general puso de relieve que esta normativa ordenará el uso de las tierras de carácter agroforestal a través de la puesta en marcha de un Mapa de usos agroforestales, que reflejará el empleo de las tierras y servirá de base para planificar las actuaciones de las administraciones públicas en la materia. En relación con la identificación y con la ordenación de usos, también prevé la creación de un Catálogo de suelos agropecuarios y forestales.
Haciendo hincapié en la investigación de la propiedad, la norma le atribuye a la Xunta la facultad de investigación en parcelas vacantes que no tienen dueño conocido, cuestión que hasta ahora tenía atribuida el Estado. Así, se da un plazo de diez años para que los dueños puedan reclamar y acreditar la propiedad de los predios sin acudir a la Justicia. Si aparece el propietario -recalcó Inés Santé- no solo recuperará la titularidad de las tierras, sino que la Xunta le abonará todo el rendimiento obtenido si el predio fue arrendado.
Por último, la directora general señaló que la Ley prevé medidas generales para promover la recuperación y puesta en valor de la tierra agraria, tales como ayudas públicas, líneas de crédito bonificadas y otros instrumentos financieros y contratos temporales de gestión pública. Así, explicó que incorpora incentivos fiscales en impuestos que gestiona la comunidad autónoma y contempla también proponer al Estado medidas fiscales específicas para incentivar la movilización. Dentro de ellas, resaltan las relativas a la imposición sobre la renta de las personas físicas y jurídicas para favorecer el arrendamiento de las parcelas rústicas al Banco de Terras y la transmisión o arrendamiento de los predios que se incorporen a los polígonos, a las aldeas modelo o a las agrupaciones de gestión conjunta. También, incentivos fiscales a favor de la incorporación de agentes promotores a los mecanismos de movilización, así como en los tributos estatales que afecten a las permutas en suelo rústico.