La Xunta destinó en el primer semestre más de 5,3 millones de euros para financiar la asistencia jurídica gratuita

La Xunta destinó en el primer semestre de este año más de 5,3 millones de euros para financiar la asistencia jurídica gratuita de las personas que acreditaron insuficiencia de recursos. Con esta medida, el Gobierno gallego garantiza el derecho fundamental de acceso a la justicia de toda la ciudadanía en igualdad de condiciones.

Además, la Comisión de Asistencia Jurídica de Galicia atendió más de 25.400 solicitudes entre enero y julio. La mayoría de ellas, algo más de 14.700, se correspondieron a la jurisdicción Penitenciaria; seguida de la jurisdicción Civil, con unas 8.700 solicitudes. A continuación, aunque con bastante diferencia, se situaron la jurisdicción Social (1.066), a Contencioso-Administrativa (526), Menores (363) y la militar (4).

Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita los ciudadanos españoles de los Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan legalmente en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

La Administración autonómica viene introduciendo en los últimos años mejoras en la gestión de este servicio, por ejemplo en la incorporación de las nuevas tecnologías para agilizar el pago de las certificaciones, lo que ha convertido a Galicia en una comunidad que paga pronto y puntualmente las certificaciones remitidas por los colegios profesionales de abogados y procuradores.

Además, el año pasado, ante la situación excepcional por la crisis sanitaria de la covid-19, la Xunta decidió adelantar el pago del primer trimestre antes de que se presentaran las certificaciones de las actuaciones realizadas, así como ayudar a inyectar liquidez a los profesionales que atienden este servicio contribuyendo a paliar el impacto provocado por la pandemia debido a la paralización de la actividad judicial con el decreto del estado de alarma.

Hace falta recordar que la Xunta firmó en 2017 un acuerdo con el Consejo de la Abogacía gallega para incrementar las compensaciones económicas destinadas a los colegios de abogados y procuradores, situando a Galicia a la cabeza de España en el referente a las remuneración de los letrados del turno de oficio.