La Xunta detalla al TSXG la partida presupuestaria destinada a la justicia para lo 2022 que alcanza los 169 M euros

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidieron esta mañana la reunión de la Comisión Mixta de Justicia

Alfonso Rueda subrayó que la Xunta seguirá apostando por la modernización de la justicia para garantizar el derecho de los ciudadanos a un servicio ágil y moderno

En el 2022 entrará en pleno funcionamiento a Ciudad de la Justicia de Vigo, y se pondrán en marcha las obras del nuevo edificio del Imelga en Santiago y el nuevo edificio judicial de A Estrada

En materia de modernización tecnológica, la Xunta finalizará el próximo año el proyecto de digitalización y la implantación de sistemas de videoconferencia en todos los juzgados gallegos

Santiago de Compostela, 8 de noviembre de 2021

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidieron esta destreza a Comisión Mixta de Justicia, donde Alfonso Rueda detalló las principales partidas destinadas a la Justicia gallega para el próximo año que consiguen un presupuesto de 169M euros.
Alfonso Rueda subrayó que la Xunta seguirá apostando por la modernización de la justicia para garantizar el derecho de los ciudadanos a un servicio ágil y moderno. Con ese objetivo se van a poner en marcha las obras de la sede central del Imelga en Santiago (2,7 millones en el 2022 de una cuantía total de 4,7 millones) y de los nuevos juzgados de A Estrada (1,4 millones de un total de 2,4), y entrará en pleno funcionamiento la mayor obra llevada a cabo en una infraestructura judicial en Galicia, la Ciudad de la Justicia de Vigo.
Además, la Xunta reafirma el compromiso con la asistencia jurídica gratuita, una apuesta gracias a la que Galicia se sitúa actualmente entre los primeros puestos de España en el referente a las compensaciones a los profesionales del turno de oficio. Precisamente, este compromiso se refleja en los presupuestos de 2022, con una partida de 13,3 millones de euros específica para la asistencia jurídica gratuita.
En materia de modernización tecnológica se está concretando el nuevo Plan Senda 21-25 para seguir consolidando y actualizando la digitalización de la Justicia gallega, con una inversión total de 50 millones de euros; la catalogación, digitalización y expurgo de los archivos judiciales (987.000 euros) o la inclusión de 2 millones del plan plurianual para la renovación de equipación y mobiliario de los archivos y oficinas judiciales. De esta manera, la Xunta finalizará el próximo año el proyecto de digitalización y la implantación de sistemas de videoconferencia en todos los juzgados gallegos.
Además, la Xunta trabaja en la creación de 57 nuevas plazas de funcionarios de gestión, tramitación y auxilio en la dotación de medidas de relevo y refuerzo de funcionarios, especialmente las asociadas al plan COVID .

El vicepresidente primero ratificó la apuesta de la Xunta por la modernización de la justicia, de tal manera que 1,6M euros destinados la obras menores en los edificios judiciales gallegos. Por otra parte, la Xunta dará continuidad al proyecto de catalogación digital de archivos y su transferencia a la Xunta de Expurgo (987.000 €) y se mantiene el apoyo a la mediación con una ayuda de 245.000 €.
Alfonso Rueda subrayó que estas inversiones demuestran el interés de la Xunta por mejorar y modernizar las infraestructuras judiciales gallegas con el objetivo de acercar “a los ciudadanos un servicio más eficaz y equitativo”. A las actuaciones en las nuevas infraestructuras se suman las que se están llevando a cabo para la climatización y eficiencia energética de los edificios judiciales, así como la mejora de la calidad del servicio que se ofrece tanto a los ciudadanos en general como las víctimas, con actuaciones como la puesta en marcha de las salas de vistas digitales o de las salas Gesell, que permiten proteger y reservar la identidad de menores o víctimas de la violencia de género cuando tienen que asistir a una entrevista o la una declaración judicial.

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