Santiago de Compostela, 25 de junio de 2025

La Consellería do Medio Rural realizará los exámenes de los cursos de manipulador de fitosanitarios por el territorio, en aquellas zonas donde exista mayor demanda, con el fin de facilitar el acceso a los mismos y que los interesados puedan completar así su formación con la mayor agilidad posible. Así lo avanzó este mediodía la conselleira María José Gómez en el Parlamento, en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión. Señaló que con todas estas medidas, que tienen carácter excepcional y vano encaminadas a ayudar a los posibles afectados por el fraude de los cursos en Castilla y León,  se procura favorecer que las personas interesadas puedan realizar este proceso sin necesidad de salir de su entorno.

Hace falta recordar que, de manera habitual, los exámenes se concentran todos en los centros de formación y experimentación agroforestal (CFEA), con independencia de ser cursos impartidos por la Consellería o por las entidades autorizadas. Por eso, y para facilitar de una manera rápida que las personas puedan completar toda la formación, Medio Rural favorecerá la realización de las pruebas por el territorio, la mayores de los centros.

En este sentido, la conselleira recordó que a día de hoy está la disposición de cualquier usuario interesado un amplio abanico de cursos impartidos por la Xunta o por las entidades colaboradoras autorizadas. De hecho, actualmente está abierta la matrícula de 25 cursos que se realizan en los centros de formación y experimentación agroforestal.

En su respuesta, Gómez trasladó además que nos últimos diez años la Xunta puso a disponer de los interesados un total de 30.840 plazas, a través de la oferta de más de mil cursos, que posibilitaron la capacitación de más de 14.000 personas. Puntualizó que hubo que anular más de 300 cursos por falta de demanda, lo que supuso que apenas se cubrió el 47 % de las plazas. Por eso, concluyó que la oferta es "más que suficiente".

Por último, sobre el fraude de los cursos en Castilla y León, indicó que la Xunta actuó "con la máxima diligencia" para ejecutar la sentencia una vez le fue comunicada.