Santiago de Compostela, 11 de septiembre de 2025

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge hoy las distintas resoluciones por las que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Secretaría de Gobierno y de las oficinas de justicia y de las oficinas generales del Registro Civil correspondientes a la fase III, esto es, a las siete grandes ciudades. Una vez publicadas estas resoluciones, se publicarán las convocatorias para cubrir los puestos de libre designación y específicos y posteriormente la reorganización de los funcionarios en los puestos de trabajo, ya que por la dimensión de los juzgados en las urbes su puesta en funcionamiento es más compleja.

La Xunta avanza así en la implantación de Ley estatal de eficiencia del servicio público de justicia, siendo la primera comunidad autónoma en la publicación de esta fase. Desde el 1 de julio ya se finalizó la puesta en marcha de la fase I de la normativa en 38 partidos judiciales de los 45 existentes en Galicia y esta fase III tendrá que estar finalizada el 31 de diciembre en los siete partidos restantes de las siete grandes ciudades.

La actividad de las oficinas judiciales viene definida por la aplicación de las leyes procesales y se realizará a través de los servicios común, que comprenderán los servicios común de tramitación y, según el caso, otros servicios común que se determinen, donde se integran los puestos de trabajo vinculados funcionalmente por razón de sus encargos. El diseño de la oficina será flexible y su dimensión y organización se determinarán en función de la actividad que se desarrolle en ella.

El personal funcionario de gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial dependen de la Xunta así como personal de los cuerpos de medina forense, mientras que en el caso de la relación de puestos de trabajo de los letrados de Administración de Justicia en los órganos judiciales de las ciudades será competente el Ministerio de Justicia.

Hace falta añadir que en estos partidos judiciales de la tercera fase habrá un tribunal de instancia con una sección civil y otra de instrucción, y también todos ellos contarán con secciones del penitenciario, social, y contencioso-administrativo, y algunos de ellos con las secciones de de familia, infancia y capacidad, del mercantil, de violencia sobre la mujer, de violencia contra la infancia y adolescencia, de menores y de vigilancia penitenciaria. Así, los actuales juzgados gallegos se transformarán en sección de los tribunales de instancia en las siete ciudades gallegas y se constituirán el 31 de diciembre de este año junto con la creación de la Secretaría de Gobierno como centro de destino propio.

Del mismo modo, también se publica la relación de puestos de trabajo de las oficinas generales del Registro Civil, toda vez que su dotación se toma de los órganos u oficinas judiciales que tienen actualmente función de registro civil. Por lo tanto, la aprobación de las RPT y la entrada vigor tiene que coincidir en el tiempo entre las oficinas generales del Registro Civil y las oficinas judiciales.

Por otra parte, en el marco de la puesta en marcha de la fase III de la normativa estatal, el DOG también publicará esta semana la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación, de tres puestos de trabajo del cuerpo de gestión procesal y administrativa y otros ocho del de tramitación procesal y administrativa de la Administración de Justicia que tendrán como destino la Secretaría de Gobierno.

Las personas interesadas deberán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Xunta (https://sede.xunta.gal) en el plazo de cinco días hábiles desde la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. En la solicitud se deberán incluir los datos personales, el puesto de trabajo actual y al que se aspira, el currículo, la documentación acreditativa de méritos y una memoria con un análisis de las tareas del puesto solicitado. La toma de posesión no se producirá hasta el 31 de diciembre, fecha de entrada en funcionamiento de la oficina judicial en los partidos judiciales del centro de destino. 

La primera fase de implantación de la normativa afectó tanto a las oficinas de justicia como a los juzgados de paz, denominados desde el 1 de julio oficinas de justicia del municipio. En la comunidad gallega, excepto en las ciudades, cada municipio donde no tenga su sede un tribunal de instancia cuenta desde esa fecha con una oficina de justicia, que presta servicios en la localidad donde se encuentre ubicada. En Galicia suman 268 oficinas, que están configurados como puerta de acceso a la Administración de Justicia, además de mantener los servicios que tenían, ampliaron el catálogo de gestiones en los ayuntamientos con menos población y su actividad al resto de las administraciones públicas.

La Xunta recuerda el impacto económico de la reforma estatal que el Gobierno gallego tuvo que asumir sin apenas transferencias del Estado. La Administración autonómica estima un coste de 3,3 millones de euros para la digitalización de las oficinas, de los que a Galicia se transfirieron más de 1,1 millones de fondos. Además, en lo que se refiere a la reorganización física de los tribunales y el resto de costes, muchos de ellos continuos en el tiempo, se estima por encima de los cinco millones de euros y solo con presupuestos autonómicos sin dotación económica por parte del Ministerio de Justicia.