Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2025

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, puso en valor la acción de la Xunta de Galicia en favor del empleo autónomo, con una apuesta decidida por el apoyo, el acompañamiento y la reducción de las trabas burocráticas para el colectivo, destacando herramientas clave como la orden unificada de ayudas que volverá a convocarse en 2026 con un presupuesto próximo a los 41 millones de euros y con la que se espera beneficiar a alrededor de 9.000 personas.

Así lo señaló hoy en el Pleno del Parlamento, en el marco de la respuesta a una pregunta sobre las últimas medidas y decisiones adoptadas por el Gobierno central en los últimos meses en relación con el mercado laboral. Frente a un escenario estatal que —remarcó— continúa endureciéndose, incrementando las cargas fiscales y generando incertidumbre normativa sin tener en cuenta la realidad de las pymes y de las personas trabajadoras autónomas, que representan el 99,8 % del tejido productivo gallego, la Xunta mantiene su compromiso de escuchar y acompañar a los agentes económicos que sostienen el mercado laboral, crean empleo y generan impacto en el territorio, así como de seguir avanzando en la simplificación administrativa.

En este sentido, destacó que el paquete de ayudas para autónomos de 2026 volverá a integrar los principales programas de apoyo al sector con un enfoque integral de principio a fin, abarcando desde el inicio de la actividad hasta su consolidación y mantenimiento e incluyendo también medidas de conciliación, relevo y ayudas para aquellas personas que deseen volver a iniciar un proyecto emprendedor tras una etapa previa como autónomas.

Entre las novedades de esta orden, González destacó que la cuota cero, implantada en 2023 para nuevos autónomos durante 12 meses, se extenderá hasta los 24 meses en el caso de aquellos que inicien actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería o la silvicultura. Además, el bono relevo se incrementará un 20 %, hasta alcanzar los 1,5 millones de euros, con el objetivo de favorecer la continuidad de los negocios y garantizar el relevo generacional. Asimismo, señaló que se continuará potenciando el papel crucial del comercio, con herramientas ya en marcha como el Plan estratéxico do sector 2025-2030, articulado en consenso con todo el sector.

El titular de Emprego destacó que la eficacia de las medidas impulsadas por el Ejecutivo gallego se refleja en el peso del sector en Galicia, que es la tercera CCAA con mayor presencia de personas trabajadoras autónomas en relación con el total de las afiliaciones. El colectivo representa cerca del 20 %, casi 4 puntos por encima de la media estatal, lo que demuestra la capacidad emprendedora de la Comunidad y su contribución a la creación de empleo.

Apuesta por el diálogo social

El conselleiro contrapuso el modelo de la Xunta frente a una política estatal que —afirmó— se basa en poner trabas y adoptar medidas improvisadas sin diálogo social —ámbito que sin embargo el Gobierno gallego pretende institucionalizar el próximo año—. Como muestra de estas trabas, se refirió a iniciativas como la reforma del sistema de cotizaciones de las personas trabajadoras autónomas o la implantación del sistema Verifactu, cuya reciente prórroga calificó como un síntoma más de la falta de planificación y de consenso con los agentes sociales y económicos. También señaló las crecientes cargas a las que se ven sometidas en España las pequeñas empresas y autónomos, con una complejidad normativa —destacó— un 16 % mayor que la media de la UE y siendo uno de los países comunitarios donde más han subido los impuestos a las empresas en la última década. A este respecto, el Ejecutivo autonómico también reitera la necesidad de atender una demanda del colectivo autónomo, como es la exención del IVE para aquellas personas con una facturación inferior a los 85.000 euros anuales. Finalmente, José González advirtió de que otras decisiones con impacto directo en el tejido productivo, como la reducción de la jornada laboral o el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), no pueden adoptarse al margen del diálogo social ni ignorando la realidad y la estructura de las empresas. En ese contexto, remarcó la importancia de la colaboración público-privada como pilares fundamentales de la acción del Gobierno gallego.