Santiago de Compostela, 22 de abril de 2026

La Xunta de Galicia defendió esta mañana la necesidad de que el Gobierno central transponga la última Directiva comunitaria sobre energías renovables a la normativa española para reconocer, de forma explícita e inequívoca, el interés público superior de los parques eólicos como un sector clave para avanzar hacia el objetivo de neutralidad climática.

En respuesta a una pregunta en el pleno del Parlamento sobre las resoluciones judiciales de suspensión de la tramitación de este tipo de iniciativas en Galicia, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, incidió en que la Xunta cumple desde hace tiempo con el mandato europeo recogido en la referida directiva, que tiene como fin seguir avanzando en la implantación de energías renovables y acelerar la descarbonización.

Por ello, la responsable autonómica consideró fundamental que el Gobierno central siga el ejemplo de Galicia y acometa cuanto antes esta transposición normativa. De hecho, recordó que la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España precisamente por no adaptar la legislación nacional en este ámbito.

Tras recordar que a día de hoy hay suspendidos en la Comunidad 85 parques eólicos con una potencia asociada de más de 2.300 MW, señaló que la Xunta cree firmemente “en la independencia e imparcialidad judicial”. En todo caso, recordó también que esta situación de parálisis judicial en Galicia es un caso ”insólito y único” en Europa y lamentó que, a pesar de hacer lo que pide Bruselas, la judicialización de los proyectos autorizados por el Ejecutivo gallego impida seguir con su implantación en el territorio.

En este sentido, Ángeles Vázquez celebró que el bloqueo “sin precedentes” que sufre este sector en Galicia comience a “corregirse” gracias a la doctrina comunitaria, a las cuatro sentencias del Tribunal Supremo y al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avalaron en los últimos años la tramitación de las autorizaciones por parte de la Xunta y al rigor de los técnicos que se encargan de la evaluación ambiental de estos proyectos.