Santiago de Compostela, 1 de octubre de 2026

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP acaba de publicar en el Portal de Transparencia la orden por la que se regula el nuevo modelo de prueba de acceso a la universidad (PAU), un texto fruto del acuerdo con las tres universidades públicas gallegas que tiene como objetivo dar certezas y garantías a alumnado y familias en un proceso de tanta importancia en la vida futura de los estudiantes.

La principal novedad de la nueva regulación es la creación de una nueva estructura de coordinación institucional, que se configura a través de una Comisión Organizadora y una Comisión Técnica. El objetivo es garantizar criterios de examen justos y equitativos y avanzar en el objetivo del Gobierno gallego de alcanzar un sistema de acceso a la universidad más homogéneo a nivel nacional, con un marco regulador claro y garante de la igualdad.

El nuevo modelo promueve incrementar la revisión por pares y reducir la posibilidad de errores o incoherencias en las pruebas. Asimismo, se crearán bancos de materiales que faciliten la elaboración de modelos de examen, cuestión que quedará recogida en unas instrucciones específicas que se publicarán más adelante.

El despliegue total del nuevo sistema comenzará a aplicarse en el curso 2027/28, de tal forma que la Xunta y la Comisión Interuniversitaria de Galicia –que seguirá siendo la encargada de la realización material de las pruebas– puedan preparar los cambios con el tiempo suficiente y para que todos los agentes implicados puedan conocer con antelación suficiente las modificaciones.

Coordinación institucional

La nueva estructura de coordinación institucional está compuesta por la Comisión Organizadora y la Comisión Técnica. La Comisión Organizadora estará compuesta por tres representantes de la Consellería, otras tres delegadas de las universidades públicas (una por cada una de ellas) y una secretaría externa a la comisión. Se garantiza así la corresponsabilidad y representación de todas las partes implicadas en estas tareas, que hasta el momento recaían solo en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).

Este órgano se ocupará de las directrices generales de los exámenes, como los criterios para la redacción de la prueba –contenidos adecuados, dificultad...– y para su evaluación, definiendo los criterios para la elaboración de las guías de calificación de cada examen. Asimismo, será la encargada de elaborar los bancos de materiales para hacer modelos de prueba y la que establezca los mecanismos de supervisión por pares entre los propios docentes que redactan las preguntas para detectar errores o incoherencias antes del día del examen.

La Comisión Técnica será la responsable de las tareas logísticas y operativas de la PAU, como los horarios, lugares, medidas de seguridad en la elaboración, selección y custodia de las pruebas o adaptación a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. Estará formada por dos personas de reconocida experiencia en la docencia y gestión de pruebas de acceso a propuesta de la Xunta y por las personas que ocupen la presidencia y la secretaría del Tribunal Único, órgano de la CIUG que seguirá desempeñando las funciones de elaboración, custodia, distribución y corrección de las pruebas.

Entre las principales funciones de la Comisión Técnica están la publicación de los modelos de examen de cada materia y los criterios generales de evaluación y resolución de las reclamaciones relativas a cuestiones de naturaleza distinta a las calificaciones. Asimismo, la Comisión Técnica propondrá a la Comisión Organizadora los miembros de los grupos de trabajo –que redactan los exámenes–, de las comisiones delegadas –que los realizan en cada una de las sedes– y de los tribunales calificadores –que los corrigen– para su visto bueno.

Mayor peso de los docentes de Bachillerato

Otra de las novedades es el cambio en la composición de los grupos de trabajo, que se encargan de la redacción, aplicación y corrección de las pruebas. Estarán constituidos por un máximo de dos docentes de las universidades públicas y otro máximo de cuatro del sistema de enseñanza público con docencia en la materia o del cuerpo de la inspección. De este modo se incrementa el peso de la participación del profesorado de Bachillerato, que cuenta con una experiencia más directa y conocimiento del currículo de esta etapa.

La persona que ocupe la dirección –preferentemente uno de los docentes universitarios–será responsable de la elaboración de las propuestas de examen según los criterios y directrices marcadas por la Comisión Organizadora, así como de sus respectivas guías de calificación. Coordinará también la colaboración de todas las personas integrantes del mismo y de que funcionen adecuadamente los mecanismos de supervisión y revisión de las preguntas.