La nueva Ley de Administración Local adapta la normativa a la realidad de las entidades locales y refuerza la cooperación y la financiación de los ayuntamientos
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, presentó el proyecto de ley, que continúa su tramitación parlamentaria con el debate a la totalidad, e incidió en que supone una revisión integral del modelo de administración local gallega en el marco de las competencias de la comunidad
La norma refuerza el papel de las diputaciones en la asistencia a los ayuntamientos e incorpora nuevas fórmulas voluntarias para compartir personal, recursos y servicios
La futura ley introduce por primera vez un tratamiento específico para los municipios en situación de reto demográfico
El nuevo modelo del Fondo de Cooperación Local garantiza una cuantía mínima anual de 100.000 euros por municipio e incorpora criterios como la población, la dispersión, el envejecimiento, la superficie o el reto demográfico
Santiago de Compostela, 17 de noviembre de 2026
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, presentó hoy en el Parlamento el proyecto de la nueva Ley de Administración Local de Galicia, en el marco del debate a su totalidad durante su tramitación parlamentaria. Así, destacó que se trata de una norma adaptada a la realidad de Galicia y preparada para los retos del futuro teniendo en cuenta las particularidades de la comunidad y aspectos como la diversidad del mapa municipal, la dispersión y el envejecimiento de la población o el reto demográfico.
De este modo, el proyecto refuerza a las diputaciones provinciales como administraciones de asistencia y cooperación, facilita que los ayuntamientos compartan recursos y presten servicios de manera más eficiente, incorpora herramientas tecnológicas para la modernización de la organización municipal y fija un nuevo modelo de financiación local. Por lo tanto, supone una revisión integral del modelo de administración local gallega dentro de las competencias de la comunidad.
En su intervención, recordó que el texto, que se encuentra en tramitación parlamentaria, fue sometido a un proceso de audiencia e información pública en el que se evaluaron cerca de medio millar de aportaciones procedentes de medio centenar de entidades gallegas. Además, el proyecto es resultado de un proceso participativo con estudios, congresos y otras iniciativas dirigidas a recoger las necesidades de las entidades locales. La nueva ley permitirá además simplificar el ordenamiento jurídico gallego al derogar cinco leyes autonómicas e integrar en un único texto cuestiones dispersas en distintas leyes.
Mayor claridad competencial y refuerzo de las diputaciones
Entre los objetivos de la norma figura el de clarificar la distribución de las competencias locales, sin atribuir nuevas competencias a los ayuntamientos ni a las diputaciones, sino concretando y ordenando las que ya tienen reconocidas. En este sentido, el proyecto refuerza precisamente el papel de asistencia de las diputaciones provinciales a los municipios, sobre todo a los de menos de 20.000 habitantes, de menor capacidad económica y en situación de reto demográfico. Los ayuntamientos pueden delegar determinadas competencias en las diputaciones mediante acuerdos plenarios y convenios y se regula la Asesoría Jurídica Provincial que asumirá la defensa de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que lo soliciten.
La norma incorpora también, como novedad, mecanismos para reforzar la participación municipal en la elaboración de los presupuestos provinciales mediante una consulta electrónica non vinculante, a través de la cual los ayuntamientos podrán trasladar sus prioridades. Asimismo, se establece que las diputaciones deberán destinar como mínimo el 15 % de sus recursos al Plan Provincial de Obras y Servicios de Competencia Municipal.
Más cooperación para compartir personal y servicios
Según indicó el conselleiro, la nueva ley incorpora nuevas fórmulas de cooperación voluntaria y flexible entre ayuntamientos, pensadas especialmente para que los municipios de menor tamaño puedan sumar capacidades, reducir costes y garantizar la prestación adecuada de los servicios públicos.
Entre estas figuras destacan las áreas funcionales de carácter temporal, que permitirán que varios ayuntamientos colaboren durante un período determinado para prestar servicios en conjunto o desarrollar actuaciones de interés común. Otra de las principales novedades son las agrupaciones de municipios para compartir personal. Esta posibilidad, hasta ahora solo prevista para personal funcionario con habilitación de nacional, se amplía a otros perfiles técnicos, por lo que, con esta medida, se pretende facilitar que ayuntamientos que de manera individual no pueden asumir determinados puestos profesionales dispongan de ellos mediante fórmulas compartidas. También se refuerzan las mancomunidades y se mantiene la apuesta por las fusiones voluntarias de municipios.
Modernización de la organización y del funcionamiento de la Administración local
La futura ley incorpora también importantes novedades en la organización y en el funcionamiento de los ayuntamientos, con el objetivo de adaptar las estructuras municipales a las necesidades actuales y avanzar hacia una Administración local más moderna, accesible y transparente.
Entre estas medidas, se clarifican las competencias de la Alcaldía y del Pleno y se prevé la posibilidad de crear la figura de la vicealcaldía en los municipios de más de 30.000 habitantes. En los ayuntamientos de esta población también se establece la Junta de Portavoces con carácter obligatorio —al igual que en las diputaciones provinciales— y se incorporan órganos específicos de participación destinados a facilitar una mayor implicación de la ciudadanía y de las asociaciones en la vida municipal.
Uno de los principales avances se producirá en el ámbito de la administración electrónica y del funcionamiento telemático de los órganos municipales. La ley regula las sesiones mixtas y a distancia de los órganos colegiados y permitirá, en los supuestos previstos, la asistencia telemática de concejales y concejalas. El proyecto regula también la retransmisión de las sesiones plenarias reforzando así la transparencia y facilitando el acceso de la ciudadanía a la actividad de los órganos municipales. La modernización se extiende a la propia gestión administrativa, con la incorporación del uso de sistemas de inteligencia artificial en la toma de decisiones, adaptando su empleo al funcionamiento de la Administración local.
Municipios con reto demográfico
Por primera vez se incorpora un tratamiento específico para los municipios en situación de reto demográfico. Para estos ayuntamientos se establece una asistencia prioritaria mediante la cooperación entre Xunta y diputaciones y se introduce esta figura como una de las variables del reparto del Fondo de Cooperación Local (FCL).
Un nuevo modelo de financiación local
Finalmente, según indicó Diego Calvo, un objetivo prioritario de la futura ley es el refuerzo de la financiación municipal y de la autonomía de los ayuntamientos para decidir el destino de sus recursos. En este sentido, el nuevo modelo incrementará los fondos de libre disposición, que pasarán dos 118 millones de euros actuales a cerca de 140 millones. Supone alrededor de 22 millones más que los ayuntamientos podrán destinar a las necesidades que determinen según sus prioridades. Este incremento quedará garantizado en la propia ley como un mínimo para el futuro, reforzando la estabilidad y la suficiencia financiera de las entidades locales.
Así, uno de los ejes principales de la futura ley es la regulación de un nuevo modelo de participación de los municipios en los tributos de la comunidad autónoma, reforzando los recursos locales a través del Fondo de Cooperación Local (FCL). La propia ley vincula la cuantía del FCL a la evolución de los ingresos de la comunidad autónoma, de forma que el fondo se incrementará, como mínimo, en el mismo porcentaje que los ingresos tributarios autonómicos, garantizando además que ningún ayuntamiento reciba menos recursos que en el año base.
El FCL se divide en dos tipos: el fondo incondicionado para gastos no homogéneos y el fondo incondicionado general. Por una parte, el fondo incondicionado general representa cerca del 89 % del total del FCL, lo que permitirá que los ayuntamientos decidan libremente el destino de casi nueve de cada diez euros recibidos a través de este mecanismo. Para adaptar la financiación a las características reales de cada ayuntamiento, su distribución tendrá en cuenta variables como la población, el envejecimiento, la superficie, la dispersión, la situación de reto demográfico y el esfuerzo fiscal. Además, todos los municipios tendrán garantizada una cuantía mínima anual de 100.000 euros vinculada a los costes fijos.
La parte restante de los recursos se destinará a los fondos para compensar necesidades específicas relacionadas con la prestación de determinados servicios y a apoyar inversiones en infraestructuras municipales de carácter estratégico.