La Xunta apuesta por la cooperación y la agrupación de municipios para la prestación de servicios de calidad en los ayuntamientos de menor población

La directora general de Administración Local, Natalia Prieto, participó hoy en la inauguración del V Congreso Red Localis , que en esta edición se centra en el debate de los retos y desafíos de los municipios de menor población. En la inauguración del foro puso en valor la importante labor de este espacio único a nivel nacional para debatir sobre las problemáticas en el ámbito local y abordar propuestas de solución. El congreso enmarcara en la cátedra institucional de Bo Goberno Local puesta en marcha el año pasado entre la Xunta y la Universidad de Vigo con el objetivo de modernizar el marco legislativo local gracias a la experiencia investigadora de la Red Localis.

En esta primera intervención, Natalia Prieto resaltó la necesidad de colaborar entre administraciones para garantizar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía y la calidad en la prestación de servicios públicos con independencia del lugar de residencia.

Hizo hincapié en el caso de los pequeños municipios en áreas rurales donde más se agudiza la crisis demográfica y propuso como medidas para paliar esta situación a agrupación de municipios para la prestación común de servicios, la promoción de redes locales, la modificación del sistema de financiación local teniendo en cuenta factores como el envejecimiento o la dispersión de la población o el refuerzo del papel de las diputaciones provinciales con una delimitación de sus competencias.

Estos temas fueron abordados en mayor detalle por la directora general en el congreso en una mesa redonda posterior sobre un Estatuto básico de los municipios de menor población o en riesgo de despoblación. Se trata de una propuesta en la que se está trabajando y que podría suponer un nuevo régimen especial para 278 municipios de la comunidad que, o bien tienen menos de 5.000 habitantes, o se encuentran en riesgo de despoblación. 

Durante su intervención, incidió en que la colaboración entre administraciones pero, sobre todo, “la cooperación entre las propias entidades locales”, es el camino a seguir para mejorar los servicios municipales ganando eficiencia y evitando duplicidades.

Por eso, por ejemplo, todas las convocatorias de ayudas de la Xunta priman solicitudes presentadas por varias entidades locales y, en esa línea, el Gobierno gallego continuará a promover las agrupaciones de municipios para la prestación conjunta de servicios, así como las mancomunidades que ofrecen y ejecutan servicios y obras también de forma conjunta.

La Xunta pretende consolidar estas fórmulas en la futura Ley de Administración Local de Galicia. En esta reforma de la norma autonómica se prevé tener en cuenta las conclusiones del estudio de la Xunta con la Fundación Juana de Vega y las tres universidades gallegas para analizar los procesos de fusiones municipales desde un punto de vista multidisciplinar.

Por otra parte, para garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos, Natalia Prieto matizó que es preciso tener en cuenta criterios como el envejecimiento o la dispersión de la población. Así, la Xunta garantizadora desde 2011 la participación de las entidades locales en los presupuestos autonómicos a través del Fondo de Cooperación Local, que este año consigue los 143,4 millones de euros, un 14% más, de los que 112,9 millones de euros corresponden al fondo base y los 30,5 millones de euros al fondo adicional con un incremento histórico de un 135%.

Además, la directora general abogó por un reparto de competencias entre las administraciones en el que se optimicen las funciones de cada una. En esta línea, la Xunta ya está trabajando con la Federación Gallega de Municipios (FEGAMP) con la finalidad de clarificar las competencias de las administraciones autonómica y local.

Sobre este asunto, Natalia Prieto destacó que es preciso reforzar el papel de las diputaciones provinciales, de manera que se clarifiquen las competencias de los entes provinciales, en especial, en el que se refiere a su deber en la prestación en los ayuntamientos más pequeños de servicios tan importantes para la ciudadanía como la atención de emergencias y la extinción de incendios o el tratamiento de residuos.