La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, establece en su artículo 38 que las administraciones públicas competentes subvencionarán el coste que les suponga a los consejos generales y a los colegios profesionales de abogados y procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Por otro lado, mediante el Real decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de Galicia las funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de justicia, incluyendo en el apartado B).1.c) de su anexo la indemnización, en su caso, de las actuaciones correspondientes a la defensa por abogado y representación por procurador de los tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en Galicia, y la asistencia letrada al detenido o preso cuando el lugar de custodia se sitúe en territorio de la Comunidad Autónoma. Estas funciones transferidas fueron asumidas por el Decreto 394/1994, de 29 de diciembre, y asignadas a la Consellería de Justicia, Interior y Administración Local, actual Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes.

En el uso de sus competencias, la Xunta de Galicia dictó el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad Autónoma de Galicia, modificado por el Decreto 138/2012, de 21 de junio, y por el Decreto 134/2017, de 7 de diciembre. Dicho decreto establece, en su artículo 45, que la consellería competente en materia de justicia determinará anualmente las cantidades que deberán percibir los colegios para atender los gastos derivados del funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de las unidades encargadas del asesoramiento y orientación previos al proceso a los ciudadanos, y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas, por lo que le corresponde a la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, según el Decreto 136/2024, de 20 de mayo, por el que se establece su estructura orgánica.

En virtud de lo expuesto,

DISPONGO:

Artículo único

La cantidad destinada para atender los gastos derivados del funcionamiento operativo de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita se fija en un 2,1 % del importe total certificado durante el año 2023 por los colegios de procuradores de la Comunidad Autónoma de Galicia, en concepto de asistencia letrada y defensa gratuitas, lo que supone un total de veintidós mil doscientos veinticuatro euros con ochenta y dos céntimos (22.224,82 €).

Disposición final primera

Se autoriza al director general de Justicia a dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de esta orden.

Disposición final segunda

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de enero de 2025

Diego Calvo Pouso
Conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes