La Xunta propone a la Fegamp ayudar en la tramitación de sanciones relacionadas con la covid-19 que son competencia de los ayuntamientos

La Xunta viene de proponer a la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) ayudarlos en la tramitación de sanciones relacionadas con la covid-19 que son de su competencia. Así, personal empleado público de la Administración autonómica se encargaría de llevar a cabo las actuaciones auxiliares y de colaboración material a la hora de tramitar estos expedientes sancionadores en el caso de los ayuntamientos que no tengan capacidad para hacerlo.

La directora general de Administración Local, Natalia Prieto, y el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, se reunieron hoy con el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, para hacerle llegar un borrador de convenio en este sentido, a lo que los ayuntamientos podrían adherirse de forma voluntaria.

El convenio tiene como objetivo contribuir a agilizar los procedimientos y paliar la carga administrativa de muchos municipios.

Segundo recoge el texto propuesto, la Xunta se encargará de la elaboración, gestión y notificación de los distintos trámites de los procedimientos sancionadores derivados de la covid-19. El Gobierno gallego dispondrá de unidades tramitadoras base, supervisoras y de coordinación que se encargarán de la elaboración material de los trámites en auxilio técnico de los instructores de los procedimientos designados por los ayuntamientos, que se encargarán de la formalización de los actos de carácter jurídico.

Tanto las unidades tramitadoras como los ayuntamientos contarán con una guía de tramitación, en la que se recogerán todas las actuaciones necesarias para que las unidades tramitadoras puedan completar los expedientes electrónicos de cada procedimiento, antes de remitirlos a los ayuntamientos para su archivo.

Entre los trámites, el personal de la Xunta podrá encargarse de redactar los acuerdos de incoación; de realizar las notificaciones de estos acuerdos, con las que se acercarán las cartas de pago; o de elaborar propuestas de resolución en los casos en los que no se procediera al pago o cuando haya alegatos. Todo este apoyo se realizará siempre bajo la supervisión del ayuntamiento -nombradamente, del instructor-, que se deberá encargar de su formalización, como la firma de los acuerdos de incoación o de las propuestas de resolución. En definitiva, las unidades tramitadoras de la Xunta se encargarán de la redacción de documentos y los ayuntamientos de su revisión y firma.

La Xunta atribuida así por colaborar con los ayuntamientos que lo precisan, tras confirmar el Consello Consultivo que estos son competentes para incoar, tramitar y resolver expedientes sancionadores relacionados con el incumplimiento de las restricciones sanitarias vigentes para frenar la pandemia de covid-19 cuando estas se produzcan dentro del ámbito de sus competencias: industrias, actividades, servicios y transportes, edificios, lugares de vivienda y convivencia humana.

Así, y más en concreto, el informe aclara que entrarían dentro de estos supuestos, y por lo tanto, dentro de las competencias de los ayuntamientos, el control y las sanciones sobre incumplimientos de actividades prohibidas, normas de aforo, horarios de cierre y el incumplimiento del uso obligatorio de la máscara en actividades o espacios públicos. El informe precisa también que no es necesario que los ayuntamientos aprueben una ordenanza para poder sancionar estos incumplimientos.