Ethel Vázquez apela a la colaboración e implicación de los ayuntamientos para trabajar conjuntamente de cara a prevenir el riesgo de inundaciones y minimizar sus consecuencias

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, apela a la colaboración e implicación de los ayuntamientos para trabajar conjuntamente de cara a prevenir el riesgo de inundaciones y minimizar sus consecuencias.

Ethel Vázquez, junto con la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, y el gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, participó hoy en la inauguración de la jornada sobre la Revisión “y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa 2021-2027”.

Este encuentro, en el que participaron alrededor de 100 personas, con técnicos y representantes de los ayuntamientos, tiene como objetivo el fomento de la formación y el intercambio de conocimientos técnicos para prevenir y aminorar los efectos de eventos extremos, como las inundaciones, derivados del contexto de cambio climático.

En la reunión, los técnicos de Augas de Galicia ahondaron en cuestiones como la Directiva de inundaciones, la actualización de los mapas de peligrosidad elaborados por la Xunta o el visor GIS para que el personal de los ayuntamientos le puedan sacar el máximo provecho.

La conselleira avanzó que la Xunta viene trabajando para tener aprobado este año el Plan de gestión de riesgo de inundaciones 2021-2027, dependiendo el trámite final de aprobación del Gobierno de España, una vez autorizado previamente por el Consello de la Xunta.

Señaló que entre marzo y abril la Xunta dispondrá de un documento inicial del nuevo Plan, que se someterá la información pública durante 3 meses.

Recordó que el Plan vigente, que engloba los años 2015-2020, identificó en la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa 168 ARPSI fluviales y 28 costeras, estas últimas sobre las que tiene responsabilidad Costas del Estado.

En la revisión que ya se llevó a cabo de cara a la elaboración del nuevo Plan de gestión de riesgo de inundaciones, se ampliaron estas áreas hasta 170, añadiendo dos más en los ayuntamientos de Sada y de Cambados.

Concretó que Augas de Galicia está desarrollando de forma paralela planes específicos de gestión en 9 zonas fluviales con mayor riesgo de inundaciones. Se trata de los entornos del río Umia, en Caldas de Reis y Portas; Ulla-Sar, en Padrón, Dodro, Rianxo, Rois, Catoira, Pontecesures y Valga; el Anllóns, en Carballo; Campeda, en Vimianzo; Fontecova y Trasposta, en Viveiro; Bahíña y Groba, en Baiona; y Lagares, en Vigo.

Estos planes recogen medidas y actuaciones paliativas y preventivas de aplicación por las distintas administraciones, Xunta y Ayuntamientos, para minimizar el riesgo de inundaciones.

Recordó que la Xunta también adjudicó hoy el servicio de desarrollo de una red de aforos en los ríos de las áreas con riesgo potencial significativo de inundaciones, por importe de 1,1 M€, triplicando el sistema con 50 nuevas estaciones de seguimiento en tiempo real.

Hizo hincapié en el trabajo ingente del Gobierno gallego para prevenir los riesgos y las consecuencias que pueden suponer las inundaciones, pero instó a la implicación de todas las administraciones con competencias.

Puso como ejemplo que la ejecución de actuaciones previstas para prevenir inundaciones en el Lagares, en Vigo, con una inversión de la Xunta de 6,8 millones de euros; en Gondomar, con 2,6 M€, o en Carballo, con 3 M€, precisa la colaboración de los Ayuntamientos con la aportación de los terrenos.

Para el desarrollo de estas intervenciones, la Xunta ha propuesto convenios de colaboración, al tratarse de competencias municipales, tal y como se viene haciendo en todas las cuencas hidrográficas en España, y de acuerdo a las propias instrucciones del Ministerio para la Transición Ecológica.

Lamentó que en el caso del Ayuntamiento de Vigo, la Xunta sigue esperando la conformidad municipal al acuerdo propuesto para prevenir el riesgo de inundación.

En este sentido, recordó que es un deber imprescindible hacer todo el posible desde las distintas administraciones implicadas para evitar los sucesos provocados por las inundaciones, que son un riesgo para el territorio, para la economía, y mismo para la seguridad de las personas.