Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2025

La Xunta de Galicia emitió declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto que Greenfiber quiere desarrollar en el ayuntamiento de Palas de Rei condicionada al cumplimiento de las exigencias recogidas tanto en los distintos informes sectoriales emitidos sobre su impacto como en la propia DIA con el fin de minimizar y compensar los posibles efectos en el entorno. A mayores ahora se está trabajando en la autorización ambiental integrada (AAI) para completar el trámite ambiental.

Las conselleiras de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, comparecieron hoy en rueda de prensa para trasladar un "mensaje de tranquilidad" sobre el desarrollo de esta iniciativa empresarial que ha generado controversia y preocupación en parte de la ciudadanía promovida en muchos casos por intereses partidistas. En este sentido, trasladaron la voluntad de la Xunta de actuar "con total transparencia" y velar en todo momento por el cumplimiento de la ley, por los intereses de la ciudadanía gallega así como garantizar la preservación de los valores naturales, culturales, patrimoniales y socioeconómicos de la comunidad.

Ángeles Vázquez subrayó que la declaración de impacto ambiental del proyecto de Greenfiber es el resultado de 34 informes sectoriales -firmados por 42 técnicos- favorables o favorables condicionados a su desarrollo en Palas de Rei. Se trata, incidió, de un trabajo exhaustivo, riguroso y que garantice la preservación de los distintos elementos que es necesario proteger en el que se incluyen múltiples pautas al promotor sobre cómo se debe desarrollar el proyecto para que sea ambientalmente autorizable y viable.

En este sentido, destacó que la Consellería de Economía e Industria -como órgano sustantivo, encargado de tramitar el conjunto del proyecto y de autorizarlo en última instancia- pasará a asumir de nuevo el expediente una vez completado el trámite ambiental -pendiente de que se emita la autorización ambiental integrada- y se encargará de velar, en caso de salir adelante, por el cumplimiento de esas exigencias ambientales recogidas tanto en los distintos informes sectoriales como en la propia DIA y en el plan de vigilancia ambiental que es de aplicación al proyecto.

Declaración de impacto ambiental

Precisamente, la titular de Medio Ambiente e Cambio Climático aclaró que el objetivo de una DIA es evaluar la integración de los aspectos ambientales de cada proyecto y determinar las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del territorio y de los recursos naturales tanto durante la ejecución y explotación como en el cese o desmantelamiento de las distintas iniciativas.

En esta línea, señaló que cualquier proyecto industrial tiene un impacto en el territorio, pero sus efectos no pueden ser significativos, por lo que la DIA es el instrumento encargado de determinar cómo y de qué manera se pueden minimizar, compensar o incluso restaurar las zonas afectadas por su puesta en marcha y durante su funcionamiento futuro.

Estamos ante un trámite, indicó Ángeles Vázquez, del más exigente, como demuestra el hecho de que de las 220 DIA que se emiten de media cada año, una de cada tres sea desfavorable. Mientras, en la mayoría de las favorables -como es el caso del proyecto de Palas de Rei- se incluyen condicionantes generales y particulares así como un plan de vigilancia ambiental que es de aplicación al proyecto. Entre los deberes a cumplir recogidas nos informes sectoriales suelen estar algunas como las autorizaciones previas al inicio de las obras, la realización de estudios adicionales o la reformulación de algunas características del proyecto con el fin de hacerlas compatibles con la protección del medio ambiente.

Principales informes

En el caso concreto de Greenfiber, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático destacó algunos de los 34 informes que se evaluaron para la elaboración de la DIA, las principales conclusiones y algunos de sus condicionantes. Entre ellos estuvo el emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural, que analiza la proximidad del Camino de Santiago y de otros bienes de interés cultural pero informa favorablemente imponiendo distintos requisitos a la empresa promotora como la presentación de un proyecto de control arqueológico para la instalación de la línea eléctrica que necesita la fábrica.

La Dirección General de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica también emitió informe favorable a esta iniciativa al no detectar impactos en el sector marítimo-pesquero mientras que la Agencia Gallega de la Industria Forestal se manifestó en el mismo sentido al entender que las necesidades de consumo de recursos madereros podrán ser satisfechas con las plantaciones existentes en la actualidad y con las futuras talas.

Augas de Galicia informa favorablemente al estimar que los vertidos previstos por la empresa, previo tratamiento en una estación depuradora, no producirán alteraciones significativas en los parámetros de color, transparencia o turbidez del agua del río Ulla. Mientras, en lo que se refiere a los parámetros físico-químicos, biológicos y hidromorfológicos, alcanzarían los límites necesarios para conservar el buen estado actual de la masa de agua.

No obstante, el organismo hidráulico autonómico obliga al promotor a hacer una propuesta de medidas mitigadoras adicionales para prevenir o evitar el incumplimiento de los objetivos medioambientales que mejorarían el estado del embalse de Portodemouros al reducir de manera significativa las cargas de nutrientes como nitrógeno y fósforo.

En cuanto a la Dirección General de Energías Renovables, apunta a que el proyecto no supone un riesgo potencial de causar impactos ambientales por ruido significativos ni se espera que supere el valor límite de los contaminantes legislados en materia de calidad del aire. Por eso, emite informe favorable imponiendo, no obstante, el deber de que las instalaciones dispongan de dos estaciones de control de la calidad del aire -una para la protección de la salud humana y otra para la protección de la vegetación- al tiempo que le exige un plan de gestión de olores dentro de su sistema de gestión ambiental.

En la misma línea, la Dirección General de Salud Pública considera adecuado ese seguimiento ambiental propuesto para evaluar el impacto de los olores, ruidos y vibraciones y, en cuanto a las aguas para consumo humano, indica que llevará a cabo un plan específico de vigilancia y control en dos puntos de abastecimiento para velar por el buen estado de los recursos hídricos que llegan a los hogares.

Espacios naturales

La Dirección General de Patrimonio Natural también informa favorablemente el proyecto, pero introduce numerosas consideraciones como la exigencia de que todas las instalaciones deban situarse a más de 50 metros del límite de la zona de especial conservación (ZEC) Serra del Careón estableciéndose además una zona tampón entre la ZEC y la fábrica -un espacio con una anchura de entre 50 y 200 metros- suficiente para funcionar como corredor ecológico. De hecho, este tampón también servirá de banda protectora del humedal de Quintas (integrada en la ZEC) y de las especies de fauna asociadas a esta.

Entres los deberes impuestos por Patrimonio Natural se incluye además el establecimiento de un cinturón perimetral de más de 55 hectáreas en el que se deberán plantar tres especies vegetales autóctonas de la zona: la hierba de enamorar de Merino (Armenia merinoi), la margaza de Barazón (Leucanthemum gallaecicum) y la santolina de Melide (Santolina melidensis). Mientras, en relación con el mejillón de río (Margaritífera margaritífera), el informe indica que aguas abajo del punto de vertido de la fábrica únicamente se encuentran ocho ejemplares de esta especie protegida y que su estado será monitorizado adoptándose las medidas oportunas para que esa actividad no afecte a la especie.

Por su parte, el informe del Instituto de Estudios del Territorio (IET) considera que las franjas perimetrales de vegetación previstas en la zona minimizarán el impacto visual de las instalaciones y ve positivo que se empleen especies autóctonas -de distintos portes, incluidos árboles- para ejercer de pantalla protectora frente a la imagen de la fábrica.

Por todo esto, concluyó Ángeles Vázquez, la DIA del proyecto de Greenfiber es favorable de acuerdo con criterios objetivos recogidos en los documentos elaborados por los técnicos de distintos departamentos. Ahora se trabaja en la elaboración de la autorización ambiental integrada con el fin de finalizar el trámite ambiental pues posteriormente será el órgano sustantivo -la Consellería de Economía e Industria- quien retome la tramitación del expediente para determinar si cumple los requisitos exigidos para poder autorizarlo.

Audiencia a los interesados

Por su parte, Lorenzana recordó que el pasado 29 de diciembre del 2022, esta iniciativa fue declarada proyecto industrial estratégico por el Consello da Xunta, y el 4 de marzo de 2024 se publicó el anuncio DOG por lo que la Secretaría General de Industria sometía a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada (AAI), el estudio de impacto ambiental (EIA), la declaración de utilidad pública del proyecto indicado.

Según precisó, se recibieron aproximadamente 27.100 alegaciones al proyecto, en torno a 200 firmadas por entidades o asociaciones, mientras que el resto son de particulares. En relación a la tipología de los escritos, el 99,4 % de las alegaciones recibidas (26.937) se corresponden con uno de los 25 modelos preestablecidos que se utilizaron por varias personas y únicamente el 0,6 % de las alegaciones recibidas (163) son escritas de forma singular, elaboradas fuera de dichos modelos. Por otra parte, sobre 6.500 de los 27.100 escritos, además de contener las alegaciones al proyecto, incluyeron adicionalmente la solicitud de reconocimiento de condición de persona interesada en el procedimiento.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, prosiguió, las alegaciones fueron trasladadas al promotor, para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y en el estudio de impacto ambiental.

La conselleira explicó que, en paralelo con la fase de información pública, se solicitó también informe a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, sobre los posibles efectos significativos del proyecto. Concretamente, se solicitaron informes a 30 centros directivos, de los que 22 eran de la Xunta de Galicia, otro del Ministerio de Transportes y Sostenible (Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia), cuatro ayuntamientos (Agolada, Melide, Palas de Rei y Santiso), y la tres diputaciones provinciales (A Coruña, Lugo y Pontevedra). Dado que una parte de los órganos tienen adscritas distintas unidades, el número total de informes sectoriales fueron 36.

Tal y como informó, ahora, tras la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), una vez se dicten las resoluciones de reconocimiento de la condición de interesadas para aquellas personas y entidades que la solicitaron y que cumplan los requisitos, y antes de redactar la propuesta de resolución de la autorización ambiental integrada, se les dará audiencia, con el fin de que en un plazo entre 10 y 15 días puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Una vez emitida la autorización ambiental integrada, se requerirá al promotor para que aporte el proyecto de ejecución, incluyendo la separata correspondiente al ámbito urbanístico, con el fin de solicitar el informe preceptivo de la Xunta Consultiva en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Finalmente, la Consellería de Economía e Industria elevará el expediente al Consello da Xunta de Galicia, que decidirá si procede la aprobación del proyecto industrial estratégico y, una vez aprobado, las obras podrían comenzar.

El proyecto no es viable sin acceso a la red eléctrica

Con todo, Lorenzana remarcó que el proyecto, tal y como está actualmente definido, "no tiene garantizada la infraestructura de interconexión eléctrica necesaria ya que, por el momento, no fue incluida por el Gobierno central en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica, con el cual, si siguiéramos en la situación actual cualquier aprobación o autorización de este proyecto estaría condicionada a la obtención por parte del promotor del permiso de acceso y conexión", explicó.

"El proyecto no es viable con la situación que tiene actualmente la red de transporte", subrayó, para señalar que "está absolutamente en manos del Gobierno central, en concreto, del Ministerio de Transición Ecológica que tutela la Redeia, la red de transporte eléctrico nacional, decidir si invierte en la subestación que daría interconexión eléctrica al proyecto o no", concluyó.