La Xunta da luz verde ambiental a la una línea de media tensión en el ayuntamiento de Carral y otra en los puentes supeditados a las exigencias de los informes sectoriales y de las propias evaluaciones de impacto
Las dos resoluciones, que saldrán publicadas próximamente en el Diario Oficial de Galicia, incluyen condicionantes con el fin de minimizar y compensar los posibles impactos que las iniciativas puedan tener en los distintos elementos existentes en el entorno
Ambas actuaciones son para la ejecución de líneas de media tensión, la instalación de un centro de transformación y el relevo de tramos de la red de baja tensión con los que mejorar el suministro eléctrico a los núcleos de población próximos
Los informes son fruto del exhaustivo trabajo de los técnicos de distintos departamentos para garantizar la preservación de los valores ambientales, culturales, patrimoniales y socioeconómicos existentes en la zona
El Ejecutivo gallego recuerda que este es un paso más en la tramitación de los expedientes y que no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes exigibles para la ejecución y funcionamiento del proyecto
Santiago de Compostela, 5 de junio de 2025
La Xunta emitió dos informes de impacto ambiental (IIA) favorables a otros tantos proyectos -uno en el ayuntamiento de Carral y otro en As Pontes de García Rodríguez- para el desarrollo de líneas eléctricas de media tensión con las que mejorar el servicio prestado a la ciudadanía existente en el entorno. No obstante, ambas resoluciones están condicionadas al cumplimiento de las exigencias recogidas tanto en los distintos informes sectoriales emitidos sobre su impacto como en los propios IIA con el fin de minimizar y compensar los posibles efectos en el entorno.
Las dos resoluciones -sobre proyectos promovidos por UFD Distribución Electricidad- saldrán publicadas próximamente en el Diario Oficial de Galicia y son el resultado de una tramitación exhaustiva, rigurosa y garantizadora de la preservación de los distintos elementos que es preciso proteger en el que se incluyen pautas al promotor sobre cómo se debe desarrollar el proyecto para que sea ambientalmente autorizable y viable.
En el caso del proyecto de Carral, tiene como finalidad mejorar la calidad del suministro eléctrico en el lugar de Canedo, en la parroquia de Santa María de Orilla, mediante la ejecución de una nueva línea de media tensión aérea de 32 metros de longitud a partir de otra ya existente, la instalación de un centro de transformación y el relevo de distintos tramos de la red de baja tensión. Por lo tanto, y dado que se maximizará el aprovechamiento de las infraestructuras ya existentes, se considera que el impacto en el entorno no será significativo.
Mientras, la iniciativa de las Pontes de García Rodríguez es para mejorar el suministro en el lugar de Benade, en la parroquia de San Pedro de Faeira, mediante la instalación de una línea de media tensión aérea de 293 metros de longitud -que precisa de tres nuevos apoyos-, un nuevo centro de transformación y una nueva salida de línea de baja tensión aérea para enlazar con la red de baja tensión existente, para la que también se requiere un nuevo apoyo. Al mismo tiempo se realizará el relevo de 844 metros del cable conductor de baja tensión, actuaciones que no tendrán un impacto significativo en la zona.
Ahora el Departamento Territorial de A Coruña de la Consellería de Economía e Industria, como órgano sustantivo -encargado de tramitar el conjunto del proyecto y de autorizarlo en última instancia-, pasa a asumir de nuevo los expedientes de los dos proyectos una vez completados los trámites ambientales y se encargará de velar, en caso de salir adelante, por el cumplimiento de las exigencias ambientales recogidas tanto en los distintos informes sectoriales como en los propios IIA y en los respectivos planes de vigilancia ambiental de aplicación la cada una de las iniciativas.
Evaluación ambiental
El objetivo de los informes de impacto ambiental es evaluar la integración de los aspectos ambientales de cada proyecto y determinar las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del territorio y de los recursos naturales tanto durante la ejecución y explotación como en el cese o desmantelamiento de las distintas iniciativas.
De hecho, cualquier proyecto industrial tiene un impacto en el territorio, pero sus efectos no pueden ser significativos, por lo que la evaluación ambiental es el trámite encargado de determinar cómo y de que manera se pueden minimizar, compensar o mismo restaurar las zonas afectadas por su puesta en marcha y durante su funcionamiento futuro.
Estamos ante un procedimiento de lo más exigente como demuestra el hecho de que la mayoría de los IIA favorables -como es el caso de estos- incluyen condicionantes y un plan de vigilancia ambiental que es de aplicación a los proyectos. En estos dos casos, los distintos departamentos consultados fijan condicionantes o medidas correctoras para velar por la protección de los espacios naturales existentes en el entorno, de la flora y de la fauna, por la calidad de las aguas, por la salud pública, por la preservación del patrimonio cultural existente en las cercanías y por el paisaje, entre otras.
Estos informes de impacto ambiental favorables, no obstante, no eximen al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que sean legalmente exigibles para la ejecución y funcionamiento del proyecto.