Santiago de Compostela, 30 de junio de 2025

La Xunta de Galicia y la Asociación Eólica Gallega (EGA) lamentaron hoy que el Gobierno central perdiera otra oportunidad para garantizar la seguridad jurídica del sector a través del Real Decreto para el refuerzo del sector eléctrico aprobado la semana pasada.

En ese sentido, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el presidente de EGA, José Manuel Pazo, se reunieron esta mañana en Santiago de Compostela para evaluar la repercusión de ese real decreto sobre el sector y coincidieron en indicar que llega "tarde y mal".

Tal y como incidió Ángeles Vázquez, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó el referido instrumento normativo justo el día en el que vencía el plazo de varios proyectos eólicos a pesar de que desde lo Gobierno gallego se insistió en múltiples ocasiones en la necesidad de adoptar esta medida.

De hecho, la conselleira puso en valor que el Gobierno central siguiera el ejemplo de Galicia y regulara, tal y como ya hizo con anterioridad la Xunta, la suspensión de los plazos establecidos cómo límite para poner en marcha nuevos proyectos de energías renovables con autorización suspendida en vía judicial. En esa línea, indicó que espera que el Ministerio no presente el recurso de inconstitucionalidad que había anunciado cuándo Galicia reguló esta misma cuestión.

Asimismo, la conselleira hizo un llamamiento al Gobierno central para trabajar juntos de cara a garantizar un desarrollo sostenible del sector eólico, que, tal y como establece la Unión Europea, es clave para avanzar hacia la descarbonización y precisamente por eso lamentó que el real decreto aprobado la semana pasada pase por alto el interés público superior de las energías renovables, reconocido ya a nivel comunitario.

En la misma línea, Ángeles Vázquez también censuró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez perdiera la ocasión de regular la retirada de la zonificación ambiental para la implantación de energías renovables o cuando menos, la aclaración de su carácter orientativo, o la simplificación de los procedimientos administrativos relativos al sector así como otras cuestiones esenciales de la directiva europea que el Estado está obligado a trasponer.