Santiago de Compostela, 21 de julio de 2025

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló hoy que el cupo que exigen los independentistas supondría que "Galicia dejara de ingresar el equivalente al coste de dos años de las diferentes prestaciones relacionadas con la dependencia", según un informe sobre las repercusiones que este acuerdo bilateral tendría para la Comunidad gallega presentado en el Consello da Xunta. Rueda apuntó que este documento "constata que la situación pone en peligro la prestación de los servicios básicos en Galicia".

Los cálculos realizados tanto por la Consellería de Facenda e Administración Pública como por organismos independientes como Fedea o el Foro Económico de Galicia coinciden en que el impacto de la salida de Cataluña del actual sistema de financiación supondría para la Comunidad gallega una pérdida de recursos de más de 600 M€ anuales, "lo mismo que los presupuestos de las consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático y Economía e Industria juntas", puso como ejemplo Rueda.

Y, de extenderse el modelo al resto de las CC.AA., la pérdida de recursos superaría los 2.000 M€. Este coste sería "equivalente a todo el gasto en enseñanza pública no universitaria a lo largo de un curso" o "lo que se destina a las recetas sanitarias durante dos años".

El Acuerdo Bilateral de Financiación Singular para Cataluña constituye por sus características un auténtico sistema de cupo que rompe con los sistemas de financiación establecidos hasta la actualidad, copiando el sistema de concierto vasco en el que cada Comunidad recauda todos los tributos pagados en su territorio y aporta al Estado central una parte en concepto de cueste de los servicios prestados en ella por la Administración central, el cupo. La Administración central perdería sus capacidades de redistribuir los recursos tributarios garantizando un reparto equitativo entre los territorios, suponiendo un coste económico similar al coste de cinco años de transporte escolar.

La implantación de este nuevo modelo –pactado de manera bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña– rompería con el actual, en el que toda la ciudadanía, con independencia del lugar en el que resida, tiene derecho a recibir la mismo financiación por habitante ajustado, lo que garantiza unos servicios públicos básicos que en Galicia se verían amenazados.

El acuerdo alcanzado con Cataluña, lejos de asegurar la solidaridad e igualdad del conjunto de la población, implica cambiar un sistema de financiación basado en las necesidades de gasto, por otro que gira en torno a la capacidad recaudatoria. El informe incide en que la aplicación de la nueva propuesta sería perjudicial para la mayoría de las CC.AA., y daría lugar a un sistema de financiación autonómica en el que los ciudadanos de las regiones con más capacidad fiscal tendrían mejores servicios que los de las regiones con menor capacidad tributaria. Por lo tanto, generaría, segundo apuntó Rueda, un país con "ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".

La propuesta contenida en el acuerdo rompe con los principios de igualdad, suficiencia, solidaridad y corresponsabilidad que garantiza la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y supondría la fragmentación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), lo que pone en riesgo tanto la gestión tributaria como la persecución del fraude fiscal, como denunciaron de forma reiterada las asociaciones de inspectores de Hacienda.

La Xunta lleva años defendiendo que el actual modelo de financiación autonómica está superado y no se ajusta a las necesidades de gasto de la Comunidad gallega, y sostiene que la reforma del sistema de financiación autonómica (SFA) tiene que negociarse con todas las Comunidades Autónomas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Esto permitirá que la negociación se realice en condiciones de igualdad.

El Gobierno gallego seguirá reclamando una financiación suficiente y equitativa en todos los foros que sea necesario, por eso promovió hace ocho años al Declaración de Santiago, cuyos principios fueron ratificados el pasado viernes en una declaración conjunta en Mérida que firmaron el presidente gallego, Alfonso Rueda, y la presidenta extremeña, María Guardiola.