Monforte de Lemos (Lugo), 13 de septiembre de 2025

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, anunció esta mañana que Monforte de Lemos acogerá el primer centro específico para menores extranjeros que se abrirá en Galicia para afrontar el traslado impulsado por el Gobierno central. Este recurso estará situado en el edificio residencial Francisco Suárez que Prodeme tiene en este municipio y dispondrá de 80 plazas.

En la visita al centro, en la que estuvo acompañada por el director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, y del gerente de Prodeme, Julio Cortiñas, la conselleira agradeció la colaboración de la entidad social y lamentó que la imposición del Ejecutivo central "obliga a la Xunta a hacer lo que no quería, crear centros específicos para menores extranjeros", modificando su sistema de protección de la infancia y adolescencia. Fabiola García denunció, además, que el traslado de estos menores no va acompañado de financiación pese a que, según los cálculos realizados por el Gobierno gallego, atender a todos los adolescentes tendrá un coste aproximado de hasta 30 M€ al año.

La conselleira de Política Social e Igualdade hizo hincapié en que "estas son las primeras 80 plazas específicas que la Xunta se ve obligada a crear" y destacó que la Xunta continúa buscando posibles localizaciones, un procedimiento para lo cual solicitó la colaboración de otras administraciones.

Fabiola García recordó que esta misma semana se recibieron los primeros seis expedientes de adolescentes que forman parte del grupo de 317 que el Gobierno central quiere trasladar a la comunidad gallega. La esta cifra se suman los 15 menores extranjeros solicitantes de asilo que el Gobierno central debe acoger por orden del Tribunal Supremo y que, según pudo saber la Xunta, también va a trasladar a Galicia.

En su intervención, la conselleira reiteró que la Xunta seguirá recurriendo este reparto ante la Justicia, como ya hizo ante el Tribunal Constitucional, junto a otras 10 comunidades de diferente signo político. Además, añadió que con esta imposición el Ejecutivo central "rompe definitivamente el sistema de protección integrador de Galicia", obligando a la Xunta a salirse del modelo que lleva años impulsando.