Santiago de Compostela, 17 de noviembre de 2025

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó hoy que el Ejecutivo autonómico "movilizó 103 millones de euros desde 2022" para apoyar a los ayuntamientos gallegos en el ejercicio de sus competencias en materia de residuos "y paliar el impacto del tasazo de la basura" impuesto por el Gobierno central en las arcas municipales. En esta línea recordó que "Galicia es la única comunidad con aportaciones para apoyar a los ayuntamientos" en esta materia.

Así se recoge en un informe del que tomó razón esta mañana el Consello y que detalla las principales actuaciones, proyectos y transferencias directas realizadas por parte del Ejecutivo autonómico con el fin de garantizar el mantenimiento de unos servicios municipales básicos y, a la vez, ayudar a las entidades locales a cumplir con los nuevos deberes y objetivos europeos en el ámbito de los residuos, que ponen el foco sobre todo en la prevención -para reducir la producción de basura- y en el fomento del reciclaje , una vez depositados.

Rueda recordó que el escenario actual está marcado por la entrada en vigor de la nueva tasa de recogida y gestión de la basura (el llamado tasazo), de carácter obligatorio desde el pasado 10 de abril para los ayuntamientos de todo el país y que provocó, a nivel nacional, una reciente cadena de reacciones y protestas a raíz de la emisión de los primeros recibos en incorporar este gravamen. Las diferencias en los importes a pagar por un hogar tipo en función del municipio en el que esté localizado "pueden llegar a ser de hasta 230 euros", según explicó.

El deber de introducir esta nueva tasa en las ordenanzas fiscales municipales fue incorporada y regulada a través de la Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada en el año 2022. "Una ley que la Xunta desde el primer momento consideró injusta", indicó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

El Gobierno central argumentó entonces que lo hacía en cumplimiento de la normativa comunitaria pero la propia Comisión Europea desmintió esta premisa, al aclarar en varias respuestas parlamentarias que la Directiva sobre residuos no impone la creación de ninguna tasa de basura sino que son los estados miembros los que escogen los instrumentos a aplicar para garantizar que se cubran los costes íntegros de gestión de los residuos urbanos -recogida, transporte y reciclaje-. "La Unión Europea daba diferentes alternativas", aseguró la conselleira.

La norma estatal sobre residuos también regulaba aspectos relacionados con los nuevos deberes a nivel europeo a la hora de separar determinadas fracciones de la basura, estableciendo incluso plazos más restrictivos que los fijados por la propia UE.

En concreto, la ley estatal de 2022 imponía a las entidades locales de más de 5.000 habitantes a implantación de sistemas de recogida separada para la materia orgánica (los llamados biorresiduos) antes de 30 de junio de 2023, es decir, reduciendo en seis meses el plazo marcado por las autoridades comunitarias. La Xunta solicitó una prórroga al Gobierno central, sin éxito, con el argumento de que para la mayor parte de los ayuntamientos afectados sería inasumible implantar en sus respectivos territorios la recogida selectiva de esta fracción en el plazo legalmente establecido en España.

La petición del Gobierno gallego se basaba en el conocimiento de las dificultades económicas y logísticas con las que muchas entidades locales afrontan las nuevas exigencias a nivel nacional y comunitario en materia de gestión y tratamiento de los residuos urbanos, unos servicios que son de competencia municipal pero en los que la Xunta lleva años colaborando por diferentes vías, con el fin de optimizar su funcionamiento y garantizar que la Comunidad, en su conjunto, se acerque a los estándares comunitarios en un ámbito clave para avanzar en términos de sostenibilidad y de economía circular.

Este contexto a nivel municipal se ve agravado por las políticas fiscales impulsadas desde Madrid en los últimos años en materia de residuos y que apuestan más por penalizar a las administraciones locales y a los distintos agentes implicados en la gestión de la basura que por medidas incentivadoras y que recompensen las buenas prácticas.

Respuesta a los desafíos para una gestión sostenible de la basura

Ante los desafíos que afronta Galicia en materia de gestión de residuos, la Xunta ha intensificado desde 2022 su apoyo técnico y económico a los ayuntamientos en este ámbito. Así, destaca el impulso y puesta en marcha de una completa Red pública de infraestructuras para la gestión de los biorresiduos, con 13 plantas de transferencia y 4 de compostaje en las que se invirtieron 45 millones de euros y que ya está plenamente operativa desde este verano. De este modo, se garantiza que los 295 ayuntamientos adheridos al modelo Sogama "tengan alguna de estas instalaciones a menos de 50 kilómetros de distancia", indicó la conselleira.

A mayores y con el fin de adaptar el servicio que ofrece el complejo medioambiental de Cerceda a la gestión de otras fracciones y facilitar el cumplimiento del nuevo deber municipal de separar el material textil desde enero de este año, el pasado mayo se adjudicaron las obras de la primera planta pública de clasificación de residuos textiles de Galicia por casi 22,5 millones, que, previsiblemente, estará concluida y en marcha a mediados de 2026.

Además, en respuesta a las últimas medidas fiscales introducidas por el Gobierno central en los dos últimos años, como el nuevo impuesto al vertido y a la incineración, la recuperación del gravamen sobre la producción de energía o la más reciente tasa de la basura, la Xunta decidió asumir con fondos propios el 60 % de la subida del canon que percibe Sogama por recibir y tratar los residuos de los ayuntamientos adheridos a su sistema.

Esta decisión se tradujo en 2025 en un desembolso por parte del Gobierno gallego de 21,1 millones de euros -12,1 millones distribuidos entre los 313 ayuntamientos a través del Fondo de cooperación local y 9 millones transferidos a Sogama para cubrir la tarifa de canon reducido- que contribuyeron a reducir el impacto económico que están teniendo sobre las arcas municipales los nuevos impuestos y políticas estatales relacionados con la gestión de la basura.

El apoyo técnico y económico a los ayuntamientos para acompañarlos en el esfuerzo que realizan en este ámbito se tradujo también este año en 11,5 millones de euros otorgados a 170 entidades locales a través de distintas ayudas para financiar proyectos e inversiones que mejoren la recogida de los residuos domésticos, peligrosos, voluminosos y aparatos eléctricos y electrónicos así como de los biorresiduos, aceites de cocina usado o residuos textiles, un esfuerzo que se mantendrá en 2026 con la convocatoria por parte de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de nuevos incentivos dirigidos a los ayuntamientos, entre los que destaca, por ejemplo, la línea de aportaciones para digitalizar la recogida de la basura.

Mayores compensaciones por parte de los SCRAPs

Las inversiones del Gobierno gallego en este ámbito se complementan, además, con otro tipo de medidas más difíciles de cuantificar pero que contribuyen de igual manera a optimizar la gestión de la basura y a facilitar el mantenimiento del servicio a nivel municipal. En este sentido, hace falta citar el plan de transformación digital en el que está inmersa la empresa pública Sogama, con una inversión prevista de casi 2,8 millones de euros y con medidas concebidas específicamente para mejorar la comunicación y el servicio ofrecido a los ayuntamientos, como el llamado Portal del cliente, un sistema de gestión pionero que agilizará el intercambio de datos e información relacionada con sus residuos.

Asimismo, también se puso en marcha y a la disposición de todos los ayuntamientos interesados la Oficina técnica de economía circular, con una inversión de casi 600.000 euros y a la que ya están acudiendo desde su lanzamiento el pasado mes de mayo en busca de asesoramiento e ideas para adaptar la gestión que hacen en esta materia a los principios de eficiencia y ahorro.

Por último, hace falta recordar que la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático también asumió este año un papel clave en la negociación de los nuevos convenios marco con distintos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAPs), para conseguir unas condiciones más ventajosas y mejorar los ingresos para las arcas locales.

Fruto de esta mediación se firmaron convenios con los SCRAP que gestionan los envases domésticos de vidrio, las pilas y acumuladores y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con incrementos en las compensaciones que percibirán a partir de ahora los ayuntamientos firmantes que oscilan, de promedio, entre los 30 euros/tonelada y los 99 €/Tn.