La Xunta destina más de 1,1 M€ a los profesionales de la abogacía y de la procuraduría por los gastos de funcionamiento e infraestructura del turno de oficio
El DOG publica la cuantía de este sistema de compensación, fijado en un 8% del importe total certificado en 2024 por los colegios de abogados y de procuradores de la comunidad
A este importe se sumarán las órdenes de compensación a ambos colectivos en el ámbito del turno de oficio, que en 2026 cuenta con un presupuesto de 18,5 M€, un 20% más que este año
Santiago de Compostela, 10 de diciembre de 2025
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la cantidad para atender los gastos derivados del funcionamiento operativo de los servicios colegiales del servicio de la asistencia jurídica gratuita, que se fija en un 8% del importe total certificado en 2024 por los colegios de abogados y de procuradores de la comunidad en concepto de asistencia letrada y defensa gratuitas, lo que supone más de 1,1 millones de euros.
Este sistema de compensación se efectúa de conformidad con el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad autónoma de Galicia, modificado por el Decreto 138/2012, de 21 de junio y también por el Decreto 134/2017, de 7 de diciembre , que en su artículo 45 recoge que la Consellería competente en justicia asumirá anualmente las cantidades que deberán percibir los colegios de profesionales para atender los gastos derivados del funcionamiento de la infraestructura colegial, que requieren los servicios de asistencia jurídica.
A este importe se sumarán las órdenes de compensación a ambos colectivos en el ámbito del turno de oficio, que en 2026 cuenta con un presupuesto de 18,5 millones de euros. Esta cifra representa una subida del 20% con respecto a la cuantía de este año. En este marco de acción cabe recordar que Galicia es referente en asistencia jurídica gratuita gracias a la voluntad de diálogo que la Xunta mantiene con los profesionales de la abogacía y la procuraduría.
La Administración autonómica viene introduciendo en los últimos años mejoras en la gestión de este servicio, que considera fundamental para garantizar la igualdad de condiciones de toda la ciudadanía en el acceso a la Justicia. Así, se sitúa entre las comunidades autónomas con los baremos más elevados, es una de las más ágiles en su pago e incluye conceptos que no se recogen en la normativa estatal, mediante convenio.