Santiago de Compostela, 9 de febrero de 2026

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que el Ejecutivo autonómico va a personarse ante el Tribunal Constitucional para defender la posición de la comunidad gallega frente al recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra diversos preceptos de la Ley de acompañamiento a los presupuestos de Galicia de 2025. Una actuación que supone la paralización del Plan de agilización de la dependencia y de la discapacidad, así como del Plan de repotenciación de la energía eólica impulsados por el Gobierno gallego, algo que calificó de "injusto, contraproducente y perjudicial".

En lo que respecta al recurso contra las homologaciones automáticas de dependencia y discapacidad, este tiene como consecuencia inmediata la suspensión del Plan de choque puesto en marcha hace un año por la Xunta de Galicia, con el que se estaba consiguiendo el doble objetivo para el cual se diseñó: incrementar el número de personas atendidas y hacerlo en el menor tiempo posible.

De hecho, tal y como recordó Rueda, "más de 12.600 gallegos con dependencia" obtuvieron en los últimos doce meses el reconocimiento de la discapacidad sin necesidad de someterse a una nueva valoración. El recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez ponenfin a este mecanismo, por lo que la Administración autonómica ya no podrá seguir homologando automáticamente la discapacidad a las personas que ya tengan la dependencia, a pesar de tenerse ampliamente comprobado que existe una relación directa entre el grado de dependencia y el porcentaje de discapacidad.

Así pues, la actuación del Gobierno central supone un paso atrás en la agilización y mejora de la atención, pues deja sin efecto las medidas de simplificación de los procedimientos introducidos por la Xunta y vuelve a una burocracia más compleja. Esto incide directamente en los dependientes gallegos en forma de retrasos, más atrancos burocráticos y demora en la respuesta.

La Xunta considera contradictorio este recurso cuando el propio Ejecutivo central decidió copiar casi al completo el modelo gallego, como se puede comprobar en su propuesta de modificación de la Ley de Dependencia, que está en fase de tramitación parlamentaria. Por eso, la Xunta apunta que son motivos de recaudación los que explican esta actuación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, pues con esta simplificación de los trámites dejó de recaudar 114 millones de euros durante el año pasado en Galicia.

Resultados del plan gallego

El Plan de choque de la Xunta muestra en su primer año de vigencia unos resultados muy positivos, con 86.319 expedientes de dependencia y discapacidad resueltos de manera favorable, casi el doble que en todo 2024. De estas resoluciones, un total de 12.626 fueron por homologación automática. Además, se redujeron los tiempos de espera en dos meses, mientras que aumentan en el resto de España.

La Xunta advierte del impacto nefasto del recurso del Gobierno central en la atención a la dependencia y a la discapacidad, y le pide un cambio de actitud y un mayor compromiso en esta materia. Al respecto, recuerda que el Ejecutivo sigue sin cumplir con la Ley de Dependencia y no solo está muy lejos de asumir el 50% del coste de los servicios y prestaciones que exige la norma, sino que cada año reduce su aportación.

Este déficit en la financiación está acarreando una importante deuda con Galicia, que en este 2026 llegará a los 2.900 millones de euros. La Xunta demanda para Galicia el mismo compromiso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene con otros gobiernos autonómicos cómo lo del País Vasco, con el que acordó unilateralmente financiar la partes iguales a dependencia (50%-50%), lo que en la práctica supone generar dependientes de primera y dependientes de segunda.

Repotenciaciones

Con respecto a la repotenciación de parques eólicos, recogida también en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2025 y recurrida por el Gobierno, Rueda explicó que la medida que introdujo la Xunta, y que ahora se paraliza suponía, la obligatoriedad de reducir el número de aerogeneradores y sustituirlos por otros más modernos y potentes, en el caso de los parques de más de 25 años.

En Galicia hay 16 parques eólicos en esta situación, que aún no comenzaron la repotenciación de manera voluntaria. En consecuencia, la suspensión de esta medida abortará, de momento, que estos 16 parques "pasen de tener 572 a 112 molinos (un 80% menos)"; y que eleven su potencia instalada de 1.104 a 1.524 megavatios (un 38% más).