Santiago de Compostela, 23 de septiembre de 2025

La Xunta viene de anunciar la celebración de una reunión de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones el próximo 21 de octubre en Santiago de Compostela. Esta reunión extraordinaria responde a la necesidad de debatir la nueva propuesta anunciada por la Comisión Europea, que supone un cambio en la fórmula en el que la financiación llegaría las regiones. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, convocó a los miembros de la delegación a un acto en el que todas las autonomías tendrán la posibilidad de exponer su posición particular y del que previsiblemente nacerá una declaración común para defenderla en Bruselas.

El pasado 16 de julio a presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó su propuesta para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 para la Unión Europea. En este nuevo planteamiento del órgano ejecutivo el presupuesto alcanzaría los 2 billones de euros, lo que representa en torno al 1,26% de la renta nacional bruta promedio de la UE para ese mismo período. Aunque estos datos suponen un ligero aumento respecto al presupuesto anterior, las comunidades autónomas han mostrado su desacuerdo con este nuevo enfoque.

Ya en febrero de este año, en respuesta, el presidente de la Xunta, en calidad de presidente de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones (CdR), entregó un documento con la posición común de las comunidades al comisario de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto. En este documento las diecisiete comunidades reconocían la importancia de la política y los fondos de cohesión para el desarrollo y la reducción de las diferencias entre regiones europeas, por lo que manifestaban su preocupación por la deriva del debate sobre el MFP 28-34.

Desde el punto de vista de Galicia, y del resto de las autonomías, la Política de Cohesión que se desarrolló en parte a través de planes regionales demostró ser una herramienta adecuada para conseguir el objetivo de reducir las disparidades entre las regiones. El titular del Gobierno gallego también defendió la labor que se realiza desde las comunidades y recordó  que Galicia es ejemplo de buenas prácticas y eficiencia en el momento de aplicación de estos instrumentos de financiación. Por eso, para el Gobierno gallego la centralización del reparto y gestión de estos fondos no solo es contraproducente a nivel organizativo, sino que implicaría que el acceso de las regiones a estos fondos sería más complejo, al contrario de lo que pretende la Comisión con su propuesta.

Para la Xunta, la transparencia es uno de los ejes fundamentales en los que se debe asentar una política presupuestaria sólida. En esta línea, la Administración autonómica considera que la introducción del Gobierno central como autoridad única de gestión de los fondos de cohesión puede resultar en una pérdida de la trazabilidad de las partidas presupuestarias y priva a Galicia de la posibilidad de diseñar unos planes integrales específicos para las necesidades de los gallegos y las gallegas.

Política Agraria Común y Pesca

Otro punto de preocupación en el CdR es el futuro de los fondos destinados a la Política Agraria Común es la Pesca. Los mecanismos de los que dependían los fondos para la protección y desarrollo de estos sectores estratégicos quedarían relegados a epígrafes englobados en macrofondos estatales, que previsiblemente reducirían de forma notable las inversiones vitales para asegurar su futuro. Concretamente, supondrá hasta un 20 % menos respecto a la presente PAC, junto con un incremento del porcentaje de cofinanciación, algo que para Galicia se traducirá en un impacto negativo de un 25 % en relación con la situación actual, lo que representará una reducción de alrededor de 80 millones de euros anuales. Este recorte sería más considerable por el proceso de descarbonización que están sufriendo ambos sectores debido a la Transición Verde defendida por Bruselas.

Las Consellerías do Mar y do Medio Rural ya están trabajando para hacer frente a los cambios que supondría este nuevo diseño en la distribución de los fondos europeos. El mecanismo descrito por la Comisión -los Planes Nacionales y Regionales (PNR)- supone que Agricultura y Pesca sean desplazados como pilares de la construcción de la Unión Europea. La Xunta rechaza esta postura porque significaría socavar el principio de seguridad alimentaria de la UE, entendida como la capacidad de garantizar el suministro de alimentos seguros, nutritivos y sostenibles a los ciudadanos.

En el caso de la Política Pesquería Común (PPC), Galicia defendió en el propio CdR el dictamen La política pesquera común sobre el terreno: hacia comunidades costeras sostenibles y resilientes en la Unión Europea que, entre otros objetivos, pretendía que la Comisión había tomado una perspectiva integral del asunto, poniendo en valor la complejidad de un sector muy arraigado en los territorios litorales y con unas dimensiones económicas y sociales particulares. En parte, gracias a este posicionamiento Úrsula von der Leyen incluyó en su Comisariado una cartera específica de Pesca y Océanos, en la actualidad ocupada por el chipriota Costas Kadis.